Micrositio

Micrositio interesante:

http://www.exonline.com.mx/exparallevar/especiales/guarderiaABC/

Queremos orden internacional de captura

Los dueños de la guardería ABC siguen sin aparecer en la página de fugitivos de la Policía Internacional, Interpol.

Queremos orden de captura internacional para los duelos de la guardería porque sabemos que desde hace semanas salieron del País!!!

PGR, Eduardo Medina Mora, ¿Qué están esperando para librar la orden?

¿Hasta las últimas consecuencias?

Por Mayté Noriega

Ha pasado un mes del incendio en la guardería ABC de Hermosillo. Y no fue sino hasta hace un par de días cuando el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, anunció que se girarían nueve órdenes de aprehensión más contra algunos de los dueños y socios de la guardería, dos de sus apoderados legales y el ex delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social.

No ha habido autoridad alguna que se haya puesto a pensar en el sufrimiento de los padres de los niños muertos, 48 hasta hoy, ni en el de los niños que, en diferentes hospitales, luchan por su vida en medio del dolor. Un dolor que no pueden imaginar los que vociferan y pronuncian discursos para salvar el pellejo. Un dolor que lastima a los padres de los niños quemados porque nada pueden hacer para eliminar el que sus hijos sienten. Además de eso, a quién le importa la culpa de las madres por haber dejado en esa guardería a sus hijos, por una necesidad imperiosa que es la de trabajar en un país en el que la crisis se ceba sobre los más débiles y vulnerables, las mujeres y los niños.

Ninguna de las autoridades que ha visto transcurrir este mes acusando a otros y tratando de evadir su responsabilidad puede imaginar la tortura de tener a un hijo hospitalizado. Servicios ineficientes, falta de equipo, de instrumental y de medicamentos. Médicos cansados, con prisa, enfermeras indiferentes, prepotentes, poco solidarias, horarios rígidos, trato inhumano y tantas cosas más que se podrían enumerar porque para nadie es un misterio que los servicios de salud en México son una pesadilla.

La situación de los padres de los niños que fueron trasladados a los hospitales Shriners en Sacramento y Cincinnati no es mejor. Tienen la certeza de que sus hijos estarán bien atendidos, pero están solos en un país ajeno sin el apoyo de amigos y familiares, tan necesario en estos casos. Ven a sus hijos evolucionar lentamente, sometidos a incontables cirugías que habrán de corregir, poco a poco, y hasta donde es posible, las huellas de las quemaduras.

Y durante un mes las autoridades federales y estatales no han hecho otra cosa que culparse mutuamente. No han hecho otra cosa que evadir el problema, porque tenían ante sí el 5 de julio y sus posiciones políticas y los dineros que éstas les dan.

Pero por desgracia el desaseo en la investigación, la lentitud en la respuesta, la desinformación y la falta de la misma (todavía el IMSS no da a conocer la lista de las guarderías subrogadas) y la palabrería hueca con la que han pretendido llenar los espacios que ha dejado su falta de autoridad de todo tipo se prestan a suspicacias.

Cuando el procurador Medina Mora anuncia las nuevas consignaciones, al día siguiente de que el presidente Felipe Calderón anunciara que se aplicaría la justicia “caiga quien caiga”, se informa que varios inculpados ya están fuera del país, la mayoría de ellos familiares del gobernador Eduardo Bours.

Tal vez por ello se hizo tan cansada la investigación, tal vez por ello se anunció públicamente la solicitud de las nuevas órdenes de aprehensión. A final de cuentas, siempre les queda la posibilidad de argumentar que quisieron hacer justicia pero ya no encuentran a los culpables. La historia de siempre. Se llegará hasta las “últimas consecuencias”, que debe ser un lugar que desapareció hace mucho tiempo, como la isla Bermeja.

Tráfico de influencias.

Tráfico de influencias es la forma más elegante de llamarle.
Un gran tinglado de tráfico de influencias, sobre tráfico de influencias, sobre tráfico de influencias.

Primero. Antonio Salido, real socio de la guardería y no su esposa Marcia Gómez del Campo, es informado del incendio por el mismisimo gobernador Bours en persona, quien lo abraza y se lo trae en el vuelo privado que lo regresó a Sonora.

Segundo. Por varios días, las autoridades locales se niegan a dar los nombres de los dueños, hasta que dichos nombres empiezan a «brotar» por otros lugares como los apartados para comentarios de sus notas que tiene El Imparcial, entre otros periódicos.
Ya no había nada que hacer, los nombres eran de dominio público y por fin los dicen. Más bien los confirman.

Tercero. La autoridad local se tarda varios días, pero varios, para decir al final que no son competentes para darle cause a la investigación porque se trata de una guardería subrogada.

Cuarto. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el gobernador, Eduardo Bours, y demás «colaboradores» escriben en la Casa de Gobierno el guión de cómo se hará la representación teatral de las investigaciones.

Cinco. Los dueños de la guardería intentan ampararse contra la acción de la justicia, pero el beneficio les es denegado.

Seis. Gómez Mont y Bours empiezan las escaramusas públicas, y la PGR atrae el caso. Ya han pasado no días, semanas.

Seis. Se giran las órdenes de aprehensión, pero, oh sorpresa, los dueños de la guardería ya se encuentran «refugiados» en algún punto de Canadá.

Que buenos escritores. Un poco más y su farsa se vuelve una comedia digna de Woody Allen.

Nombres y apellidos

Por Yuriria Sierra
Como lo dijimos ayer (POST ANTERIOR, nota de CONTRALACENSURA), una vez que las autoridades sonorenses no fueron capaces de entregar un solo resultado de las averiguaciones de lo ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, la Procuraduría General de la República tomó el caso y ya giró órdenes de aprehensión contra nueve personas que se perfilan como responsables de lo ocurrido. Se trata de dueños y socios de la guardería: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Salido, Gildardo Urquides Serrano, María Fernanda Camou Guillot y Norma Cecilia Mendoza Bermúdez de Matiella, quien arrendó el predio donde murieron de inicio 42 niños; José Manuel Matiella Urquides, apoderado legal de la guardería; Marcelo Meouchi, el ex apoderado legal, y Arturo Leyva Lizárraga, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora.

Como se ventiló desde los primeros días, Altagracia Gómez del Campo está ligada, aunque de manera lejana, con la familia de Margarita Zavala y, justo es ella la única a quien no se le puede detener porque se encuentra fuera del país.

Han sido pocos los días transcurridos, desde que la PGR tomó el caso, cuando se anuncian las detenciones que, aunque no todas, sí son un paso enorme para iniciar el proceso de todos los responsables de lo ocurrido. Y es que hablamos de una tragedia que denota las redes de corrupción inmersas en los más altos niveles de poder. Una corrupción pura, sin nada que ver con el narcotráfico, al menos no una droga fabricada por laboratorios clandestinos o sembrada en parcelas en el corazón de las sierras, sino de la favorita del género humano: el poder. Esa idea de poder hacerlo todo por el simple hecho de saberse en un puesto que lo permite casi todo. Influencias y tráfico que nunca terminan.

La guardería ABC es un símbolo claro de esa corrupción que hizo al gobierno de Sonora quedarse estático y que intentara mover un par de piezas “hábiles”, para quedarse con los derechos de las investigaciones y, así, pagar un duelo y sanar las culpas, porque nada nos aseguraba que la investigación iba a llevarse a cabo y, de realizarse, que iba a tener un final.

Eduardo Medina-Mora cumplió el mandato del Presidente y al menos ya hay nueve nombres y una investigación que se está iniciando. También hay una opinión pública furiosa y atenta, y exige que por primera vez se le demuestre que en verdad nadie está por encima de la ley, que no hay apellidos, lazos o amistades de por medio que se lleven entre los pies el adolorido sistema de justicia del país.

Y es que, aunque parezca ridículo, no es sino hasta casi un mes de lo ocurrido cuando, de manera oficial y hasta que la PGR toma el caso, escuchamos a las autoridades decir que las instalaciones de la guardería y las bodegas acondicionadas como tales no cumplían con las condiciones necesarias, establecidas en normas federales y locales, ni en seguridad industrial y, evidentemente, mucho menos en protección civil. Vamos, según el dictamen que dio a conocer el procurador, no había siquiera extintores necesarios para un inmueble de esas dimensiones. Así de mal estaba la guardería ABC y así de mal se hicieron las inspecciones que aprobaron su funcionamiento.

A la par, el Senado de la República informó que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, será llamado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que dé cuentas de hasta qué grado el IMSS es responsable de lo ocurrido, qué tanta participación tuvo la delegación estatal de su institución para que las condiciones de la guardería no cumplieran ni las normas básicas de seguridad y funcionara sin salidas de emergencia.

Este es un primer paso, con muchos días de atraso, pero al menos se dio lo que todos esperábamos: nombres y apellidos de quienes ahora tienen la vida de 48 pequeños en su espalda.

Medina-Mora cumplió el mandato del Presidente y al menos ya hay nueve nombres y una investigación que se está iniciando.

Vamos ahora a la Interpol

Por CONTRALACENSURA

Bien, la PGR ya hizo lo que la Procuraduría local de Sonora no pudo: librar órdenes de aprehensión en contra los dueños (o por lo menos contra quienes pusieron sus nombres) de la Guardería ABC.

Ahora hace falta enviar las órdenes a la Interpol, pues es bien sabido entre las clases pudientes de Hermosillo que tales personajes ya no se encuentran en México y desde hace un par de semanas radican en Canadá.  Se dice que en Toronto, se dice que en Vancouver.

La pregunta es ¿va la PGR a enviar la solicitud internacional de captura a la Interpol, o sólo fue un acto desesperado del PAN para que la tragedia no lo afecte en las urnas el próximo domingo 5 de julio?

No nos sirven ni funcionarios separados del cargo, ni órdenes de aprehensión libradas al mayoreo… ¡queremos ver que la justicia se aplique de una vez!

Ejerce PGR acción penal contra nueve personas más, no dicen nombres

Por María de la Luz González

La Procuraduría General de la República (PGR) ejerció acción penal contra nueve personas más, entre ellos servidores públicos del IMSS y particulares, por el incendio en la guardería ABC de Sonora, en el que fallecieron 48 niños.

En conferencia de prensa, en la que no admitió preguntas, el procurador Eduardo Medina Mora dijo que la consignación se presentó ante el juez primero de distrito en Sonora, quien la radicó con el número de causa penal 134/2009, pero se reservó los nombres de los indiciados y de los delitos por los que los acusó la PGR.

«Dado que a la fecha corre el plazo legal para que la autoridad judicial resuelva sobre el libramiento de las órdenes de aprehensión, la PGR se encuentra impedida legalmente para proporcionar información sobre las personas consignadas y los delitos que se les imputan», explicó.

Medina Mora dijo que en todo caso se informará sobre la determinación que tome el juez primero de distrito

Agregó que la averiguación previa sigue abierta y las investigaciones continúan, y ratificó el compromiso del Gobierno federal de actuar con apego a la justicia y al estado de derecho en este caso.

Ayer trascendió en Sonora que la PGR había consignado la averiguación previa en contra de los cinco propietarios de la guardería ABC, Sandra Lucía Téllez, Marcia Gómez del Campo, Gildardo Francisco Urquide, Alfonso Escalante y Antonio Salido

Sin embargo, la PGR no ha confirmado si estas cinco personas se encuentran entre los nueve indiciados.

Elección sin justicia. Los ángulos perdidos.

Por Luis Alberto Medina

Si para el 5 de julio no hay justicia pareja en Sonora por la muerte, hasta hoy, de 48 niños de la Guardería ABC, el valor del voto será una nimiedad.
El Estado se convirtió en el epicentro del debate nacional cuando el movimiento ciudadano y de intelectuales pugnaban por el voto nulo. Algunos de los argumentos de esta iniciativa es que el sistema político – gubernamental en nuestro País ha llegado a su límite. Las autoridades han fallado. Los políticos solo saben mentir. El poder adquisitivo sigue concentrado en muy pocas manos. El Congreso de la Unión, donde se decide gran parte de la vida del País, ha fracasado. El voto, por el cual, en décadas luchó la sociedad mexicana como herramienta de poder para ser tomada en cuenta en las urnas, fue dilapidado en la transición del 2000. El sistema no cambió mucho. Las cosas, en su mayoría, siguieron igual: Corrupción, influyentismo, funcionarios de tercer nivel con sueldos de primer mundo, ausencia de cambios estructurales y una larga lista de pendientes. En medio de estos fundamentos estalló la tragedia de la guardería ABC.Y fue una prueba fehaciente. Contundente. Una demostración ejemplar de que en nuestro País las cosas cada vez están peor. El siniestro evidenció la torpeza de las autoridades de los tres niveles de Gobierno. La corrupción imperante en esa misma línea, el influyentismo (los dueños de la Guardería emparentados con el Gobernador, su Gabinete y Margarita Zavala, esposa del Presidente Calderón). La falta de visión en nuestras autoridades en prevenir una pérdida infantil que dolerá siempre en los corazones sonorenses. Se pudo haber evitado, todos coincidimos, si tuviéramos gobiernos sensibles a lo importante y no lo urgente. Previsibles a las acciones de largo plazo y no con visión cortoplacista.
El 5 de julio se cumplirá un mes de la pérdida de los 48 menores y, en este tiempo, la forma en que se decidió la impartición de justicia tiene su explicación en el modo de ejercerla, mediante la negociación, entre el Estado y la Federación. Es el fondo en cómo se intentó deslindar responsabilidades y, no la forma, lo que nos tiene estancados en esta infamia.

Sin sentido
Por eso ejercer el sufragio sería un voto sin justicia. Un voto vacio esperando a que Gobierno Federal y Gobierno del Estado nos den otra clase de cómo negociar la justicia y cómo impartirla sin tocar a los verdaderos responsables. Al menos eso fue lo que confirmó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuando dijo en conferencia de prensa que si la PGR no atrajo el caso desde los primeros días, fue porque hubo un acuerdo con el Gobernador Eduardo Bours para aclarar a quién le tocaba deslindar responsabilidades en cada uno de los involucrados en la tragedia. Pasaron 19 días para que la autoridad federal actuara. Después de que la Procuraduría de Sonora falló en hacerlo.

Sin opción
Ante este escenario, ¿el sonorense se volcará con fervor en la urna para votar por el continuismo priista o avalar un cambio de Gobierno que no sabemos hasta dónde habrá una verdadera transformación que requiere el Estado? Es una respuesta al aire.
Por desgracia, para la democracia en Sonora, la contienda a Gobernador siempre ha surgido de una proceso polarizado. Sólo PAN y PRI disputan el poder. El PRD desaprovechó, una vez más, la oportunidad de demostrar a los sonorenses que es una opción de izquierda seria. Sin restarle méritos a su candidata Petra Santos, no supo elegir a un candidato líder que saliera adelante en esta desgracia que involucra al Gobierno priista y al Gobierno panista.
Pero lo más grave del caso, y es el foco central de esta entrega, es que la impartición de justicia que hizo el Gobierno del Estado con la aprehensión de los siete trabajadores de menor rango de la Secretaría de Hacienda Estatal, como el bodeguero, archivistas, técnicos analistas, fue una salida fallida a la problemática. Fue una burla e insulto a la muerte de esos menores, a los padres que reclaman justicia y a todos los sonorenses. La tercera marcha por la justicia, el sábado pasado, lo dice todo. Sumó más seguidores. De acuerdo a la crónica de Diego Osorno, publicada el pasado domingo en Milenio Diario, las voces de los manifestantes se alzaron para pedir la renuncia del Gobernador Eduardo Bours. Es un síntoma de que el Estado no quedó bien en su papel. Es una señal que el apoyo popular hacia el mandatario sonorense, que llegó a tener momentos de apoyo de hasta el 90% de aprobación ciudadana, se esfumó. Al menos en Hermosillo, donde el mismo mandatario estatal sabe que lo tienen perdido a de acuerdo a testimonios de colegas que platicaron con en en corto.

Con la misma tijera…
En el otro lado, la aprehensión contra la coordinadora zonal de guarderías del IMSS, sin derecho a fianza, auspiciada por la PGR, es justicia a medias. Y, justicia a medias, no vale en este carnal de complicidades.
Daniel Karam, el director del Seguro Social, se comprometió hace dos semanas a publicar la lista de concesionarios de las guarderías en el País. Hasta hoy, no lo ha hecho. ¿Pues qué, quiénes y por qué están en esa lista que la autoridad federal se ha negado a publicar?, Como dice Ivonne Melgar ¡¿Tanto apesta?!
El director del IMSS tenía que haber comparecido en el Senado la semana pasada. Gracias a la operación política de legisladores panistas y funcionarios federales, logró que su presentación se pospusiera hasta después del 5 de julio. Así como para que no le afecte al PAN Gobierno. O ¿Qué otro motivo hay detrás de la prórroga legislativa a Karam para que rinda cuentas ante el Congreso de la Unión? ¿O qué nos pueden decir respecto a la tardanza en la publicación de los dueños de las guarderías del País? No hay otra explicación más que el interés político a no perder en las urnas.
Estado y Federación han fallado en la impartición de justicia. En este caso no se trata de santos y pecadores, culpables e inocentes, técnicos y rudos o limpios y sucios. Gobierno Federal, vía IMSS, Estado, vía Secretaría de Hacienda y Protección Civil, Municipio, en Protección Civil y Concesionarios, o sea, los dueños, son legalmente responsables de la tragedia.
Los dueños de la guardería, como sabemos, son allegados al Gobernador, y sobre todo, están emparentados con gente cercana al mandatario estatal: Epifanio Salido Pavlovich, candidato a la Alcaldía.
Del lado federal, una de las dueñas está emparentada con Margarita Zavala, esposa del Presidente Calderón. La red familiar de raigambre panista y priista postergó y complicó la impartición de justicia en Sonora.

El origen del oprobio
El pasado viernes 12 de junio se reunieron en Hermosillo, en la casa de Gobierno de la colonia Pitic, donde vive el Gobernador Eduardo Bours, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el procurador Eduardo Medina Mora y el mandatario estatal. Poco, o casi nada, se supo de lo que hablaron. La reunión duró un par de horas. Fue, por supuesto, a puerta cerrada. He buscado información off récord que haya filtrado alguna de las partes y no le he encontrado. Pero de acuerdo a las declaraciones del secretario de Gobernación, podemos deducir de qué hablaron y a qué acuerdos llegaron. Acuerdos que terminaron en dilatar la acción de la justicia en Sonora. Un acuerdo impúdico. Sí. A nadie informaron qué fue lo que decidieron. Pero en la conferencia de prensa del pasado 24 de junio, en un hotel de la Ciudad de México, para responder a los señalamientos duros del Gobernador Bours, el secretario de Gobernación se encargó de disipar dudas al respecto. Fue claro y contundente:
“En los acuerdos que se hicieron para hacer la investigación conjunta, se establecieron la división de tareas. Parte de que tomara tiempo la investigación, más tiempo del que estaba pidiendo la sociedad, resultaba de la necesidad de verificar algunas periciales técnicas en materia de ingeniería y construcción civil que se planteaban de largo alcance. Parte de la tensión fue entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, se basó sobre la valoración que sobre lo que existía en el expediente ya era suficiente para adoptar decisiones al respecto.
“Ante el compromiso de asumir una investigación conjunta, las partes obviamente que mantenían, a veces, visiones diferentes o diferenciadas, y a fin de actuar conjuntamente, pues hubo tensiones. Una de las tensiones fue el tiempo de respuesta.
“Al final, cuando las partes asumieron en conjunto que ya estaban dispuestos para ejercer las acciones penales, el mismo día las ejercitaron con suertes distintas, uno sobre 14 personas donde una denegaron para decir que era federal, y el otro contra cinco personas, sobre las cuales se obsequió en todos los casos las órdenes de aprehensión, dos ejecutadas y tres en vías de ejecutarse”, versión textual tomada de la transcripción oficial que hizo la PGR.

En síntesis: Ambos gobiernos acordaron retardar la impartición de justicia.
En la primera semana de la tragedia, Gobierno Federal o Estatal, vía Juez, pudieron haber solicitado por lo menos la presentación o arraigo de los dueños de la guardería. No lo hicieron. Los dueños litigaron en los medios, previa asesoría en el manejo de imagen, intentando evadir sus responsabilidades. Fue todo su presentación ante la justicia mediática.
Sí, el encarcelamiento a la coordinadora zonal de guarderías del IMSS, Irma Díaz, es solo un eslabón de la cadena de responsabilidades. Y, una vez más, la orden de aprehensión contra los siete funcionarios de Hacienda, son responsabilidades administrativas menores en comparación a los verdaderos responsables de alto nivel de la Secretaría de Hacienda.

Nuevo insulto
El Gobernador Eduardo Bours dijo en su pasada conferencia de prensa, el lunes, que para que los familiares recibieran el millón 400 mil pesos por la pérdidas de sus hijos, debían cederle los derechos para demandar en el caso de la tragedia.
“La idea es que si al pasarnos ellos, al darnos la facultad de que nosotros demandemos, nosotros les damos el millón 400, más o menos, y el compromiso, si ellos nos pasan los derechos de demanda que tienen, y el compromiso además, que si sale más dinero de eso, ese dinero es para ellos”; cita textual.
Esta fue la respuesta de la abogada Giovanna Valenzuela, en la Ciudad de México, por afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras entrevistarse con el Ministro Presidente, Guillermo Ortíz Mayagoita, para que atraiga dicho organismo este caso:
“El condicionamiento es por ser tiempo electoral, cierre de campaña y porque. Precisamente. Los implicados tienen algún nexo con el Gobernador. Pero esto no resuelve el problema de fondo: el dinero. Es una burla. Le estas poniendo precio a lo que no tiene precio o, ¿tú vida tiene precio? Mucho menos la de un niño”.

Me reservo el comentario extra. La respuesta resume todo.

Medina Mora, tapadera de Bours

Por Jorge Ramos Pérez

Javier Castelo Parada, senador del PAN por Sonora, acusó al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, de ser «tapadera» del gobernador Eduardo Bours Castelo, no sólo en el caso de la guardería donde murieron 46 niños, sino en la resolución del asesinato de un periodista del diario El Imparcial de esa entidad.

También agregó un presunto caso de espionaje en contra del legislador panista.Incluso, el senador sugirió la idea de que Medina Mora y Bours Castelo pidan licencia, porque eso podría ayudar a

Eduardo Bours

las investigaciones sobre la guardería de Hermosillo.

Diversos hechos «si el Procurador (Medina Mora) no se ha atrevido a señalar dónde (fue) el origen del fuego, me hace pensar que está siendo una especie de tapadera del gobernador Bours, el Procurador Medina Mora».

En conferencia de prensa en el Senado, Castelo Parada arremetió contra el procurador Medina Mora.- Senador, ¿esta acusación que hace usted o este señalamiento de omisión o negligencia, es a título personal o tiene cabida también en la bancada de su partido, tanto en la Cámara como en el Senado?- Mire, yo ahorita lo estoy formulando a título personal.
Ahorita pues estamos en receso, no da tiempo de consultar todo esto. Pero yo creo que sigue siendo válido.

Yo soy de Sonora, soy Javier Castelo Parada, senador por Sonora, y tengo pues la, un poquito el interés jurídico y ciudadano de estar atentos a lo que sucede en nuestra entidad, sostuvo el legislador.

Y luego añadió: «Yo he señalado otro detalle también, que puede ser ayudar a la respuesta a su pregunta. ¿Por qué las dudas de la Procuraduría federal, de PGR? Bueno, nosotros presumimos también, usted recordará que aquel compañero de ustedes, del periódico El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota, asesinado hace cuatro o cinco años, quien ha detenido la investigación ha sido el procurador Medina Mora porque se abrieron muchas líneas de investigación y no las ha agotado y se le ha dicho».

El senador panista dijo que «el periodista supuestamente estaba en su trabajo de investigación, pues cercano a hacer señalamientos, él quería tener las pruebas en la mano de que había contactos, cercanía, de funcionarios del gobierno del estado con el crimen organizado y eso le costó la vida».

Luego, Castelo Parada sacó a relucir un caso personal de presunto espionaje, en el que Medina Mora tampoco habría actuado.

«Yo presenté una, hace ocho meses, una demanda de espionaje, de presuntamente del gobierno de Sonora, de mis correos, así tal cual, un correo que le mandé al presidente del comité estatal del partido, lo sacaron la prensa», explicó.

«Yo no me extraño que nos espíen, el asunto es que tal cual te lo publiquen pues ya así como que es mucho atrevimiento. Entonces, lo presenté en la delegación de la PGR de Sonora, pues ahí está durmiendo el sueño de los justos. Quizá le habló el delegado al procurador, oye qué hacemos con esto, pues ahí déjalo y ahí lo han dejado. No se ha resuelto», sentenció.

-Senador, ¿ante esta virtual complicidad que existe entre Medina Mora y el gobierno Bours, no considera usted prudente, oportuno, necesario que ambos pidieran una licencia por lo menos de un mes a su cargo para que se pudiera desarrollar más efectivamente la investigación?

-Pues mire, yo siento que eso puede ayudar. Pero lo que es más, diría yo, correcto, es que cuando se tiene, cuando se actúa con ética, pues uno deja que las cosas se investiguen con objetividad, contestó Castelo Parada.